La causa que investiga un presunto fraude cercano a los 10 millones de dólares en el Hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros en Mar del Plata, atraviesa un momento clave. Mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas, una nueva presentación judicial denunció que la falta de documentación contable por parte del propio gremio impide concluir la pericia considerada fundamental para determinar si existió o no una administración fraudulenta.

La investigación, encabezada por el fiscal David Bruna y la jueza Lucrecia Bustos, se inició tras una denuncia presentada en septiembre de 2025 por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo del Sindicato de Camioneros y estrecho colaborador de Hugo Moyano.

La causa apunta a presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de alimentos y servicios para el hotel sindical, donde se investigan posibles sobreprecios, facturación apócrifa y desvío de fondos.

Ocho imputados y una pericia clave que sigue sin concluir

Entre los imputados figuran el ex secretario Administrativo del sindicato, Claudio Balazic; el ex tesorero Paulo Villegas; un contador; dos ex empleados del hotel —entre ellos el ex gerente y el chef— y dos ex proveedores.

Sin embargo, uno de los puntos que hoy concentra la atención de la causa es la demora en la realización de la pericia contable, considerada por las defensas como la prueba central para establecer si efectivamente existió un perjuicio económico cercano a los 10 millones de dólares.

El abogado Maximiliano Orsini, defensor del ex gerente del hotel, sostuvo que el Sindicato de Camioneros aún no entregó toda la documentación contable e impositiva requerida, lo que impide finalizar el análisis pericial.

Según el letrado, esa situación vulnera el derecho de defensa y mantiene la investigación prácticamente estancada desde hace casi un año.

Cómo funcionaba el sistema de pagos

Durante su declaración, Héctor Maldonado explicó que los pagos del hotel se realizaban mediante cheques confeccionados en la sede sindical de Buenos Aires.

Esos cheques, afirmó, eran firmados por tres dirigentes —él mismo, Balazic y Villegas— antes de ser enviados a la administración del hotel en Mar del Plata.

No obstante, otras fuentes sindicales señalaron que el establecimiento no tenía autonomía para efectuar pagos, ya que toda la operatoria dependía de la aprobación y las firmas realizadas en Buenos Aires.

Sospechas sobre proveedores

En los últimos días, la defensa solicitó que también se profundice la investigación sobre Lexham S.A., una empresa proveedora del hotel cuya operatoria comercial quedó bajo análisis.

El pedido busca determinar el volumen de operaciones realizadas con el Sindicato de Camioneros y esclarecer la participación de quienes integraban la conducción de esa firma.

La presentación también pone el foco sobre la posible existencia de vínculos entre directivos de la empresa y la estructura administrativa del sindicato, hipótesis que la Justicia deberá analizar.

Nuevas denuncias involucran a ARCA

La causa sumó además un nuevo capítulo luego de que un alto funcionario de ARCA denunciara presuntas presiones internas para frenar las fiscalizaciones relacionadas con el caso.

Según trascendió, el contador Manuel Rodríguez, con más de tres décadas de trayectoria en el organismo, presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Mar del Plata en la que afirmó que existieron desplazamientos de funcionarios que investigaban posibles maniobras vinculadas al hotel sindical.

Desde ARCA rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los cambios de autoridades respondieron a un proceso de reorganización interna.

Una investigación que continúa abierta

Mientras la Justicia continúa recabando pruebas y tomando declaraciones, la causa permanece en etapa de investigación.

Hasta el momento no existen condenas ni resoluciones definitivas sobre la responsabilidad penal de los imputados. El expediente sigue abierto y uno de los principales interrogantes continúa siendo la conclusión de la pericia contable, considerada clave para determinar si efectivamente existió el millonario desfalco denunciado o si las irregularidades podrán acreditarse con la documentación que aún resta incorporar al proceso.