La primera huelga docente nacional realizada tras la entrada en vigencia de la reforma laboral tuvo un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) registró una alta adhesión en territorio bonaerense y abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y la administración provincial por los controles sobre la prestación del servicio educativo.
Según informaron los gremios docentes, la adhesión en la provincia de Buenos Aires rondó el 98%, mientras que en otros distritos el acatamiento fue dispar. En provincias como Chaco, Formosa, Mendoza y San Luis las clases se desarrollaron con relativa normalidad, mientras que en Santa Fe la adhesión superó el 70%, en Entre Ríos alcanzó el 80% y en Neuquén, La Pampa y Catamarca se ubicó cerca del 95%.
La primera huelga bajo la nueva legislación
La medida tuvo una particular relevancia por tratarse del primer paro docente nacional realizado desde la aprobación de la reforma laboral, que establece la obligación de garantizar el 75% de prestación en los servicios considerados esenciales, entre ellos la educación.
En ese marco, inspectores enviados por el Ministerio de Capital Humano de la Nación realizaron controles en establecimientos educativos para verificar el cumplimiento del nivel mínimo de funcionamiento exigido por la nueva normativa.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, advirtió que, en caso de comprobarse el incumplimiento de ese porcentaje, las sanciones podrían recaer sobre los sindicatos, mediante la aplicación de multas previstas en la legislación vigente. Además, el Gobierno nacional sostuvo que podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del dictado de clases y garantizar el derecho a la educación.
Respuesta del Gobierno bonaerense
La reacción del Gobierno de la provincia de Buenos Aires no tardó en llegar. La Dirección General de Cultura y Educación, encabezada por Flavia Terigi, expresó su respaldo a la medida de fuerza y cuestionó las inspecciones impulsadas por la Nación.
Incluso, desde el organismo provincial se instruyó a las autoridades educativas regionales y distritales a no suministrar información a los agentes enviados por el Gobierno nacional, argumentando que la Secretaría correspondiente carece de competencia para requerir esos datos.
Marcha y reclamos
Además del paro, la CTERA protagonizó una movilización hacia el Ministerio de Economía de la Nación, donde confluyó con otras organizaciones sindicales estatales para reclamar por mejoras salariales, mayor financiamiento educativo y políticas destinadas al sector.
La jornada dejó al descubierto un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense, no solo por la situación salarial y educativa, sino también por la interpretación y aplicación de la reforma laboral en uno de los servicios considerados esenciales. Mientras la Nación analiza posibles sanciones, los gremios sostienen la legitimidad de la protesta y anticipan que continuarán reclamando por las condiciones del sistema educativo.
Desde El Imparcial del Salado seguiremos de cerca la evolución de este conflicto, que podría marcar un precedente sobre la aplicación de la nueva legislación laboral en el ámbito educativo y sus implicancias para docentes, alumnos y familias de todo el país.
